* Existen 10 millones de ellos, cuatro millones son casos severos
En México existen 10 millones de personas con alguna discapacidad que enfrentan discriminación, marginación y segregación, y son un sector olvidado pues casi no reciben apoyos, afirmó el senador Guillermo Tamborrel Suárez.
En entrevista, el presidente de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables del Senado de la República indicó que de ese total, más de cuatro millones viven con alguna invalidez severa.
“Lamentablemente, a las personas con discapacidad las hemos aceptado como parte del paisaje y ya no nos causan extrañeza, estamos habituados a vivir con ellas, a segregarlas y discriminarlas”, subrayó.
Es muy común, sobre todo en el sector rural, dijo, que exista cierta vergüenza de tener algún familiar con discapacidad y lo tienen escondido en el fondo de la casa.
El legislador del Partido Acción Nacional (PAN) reveló que la comisión a su cargo recibe constantes denuncias de personas con algún tipo de invalidez que son discriminadas al momento de solicitar un servicio o buscar empleo.
“Tenemos decenas de quejas de personas que quisieron contratar algún tipo de seguro y que la compañía no se los otorgó porque viven con alguna discapacidad, y de otras a quienes les niegan trabajos por ser minusválidos”, agregó.
Tamborrel Suárez informó que si bien en el presupuesto de este año se destinaron unos dos mil 800 millones de pesos a varias dependencias con programas para personas que padecen discapacidad, es insuficiente y no resuelve su problemática.
Así, las secretarías de Salud y de Desarrollo Social, así como el DIF, tienen algunos programas de apoyo a personas con invalidez, “pero nos falta mucho por hacer y avanzar”, añadió el senador por el estado de Querétaro.
“Necesitamos actualizar nuestro marco jurídico; por ejemplo, la Ley de Vivienda, pues no se construyen casas pensando en personas con discapacidad; además de sancionar a quienes nieguen empleo a personas por el hecho de tener alguna invalidez”, dijo.
Por lo pronto, continuó, el Senado tiene la obligación de aprobar lo más rápido posible la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que ya ratificó México.
Con ella, se busca eliminar las barreras legales y sociales que enfrentan dichas personas, y que los países firmantes, como México, amplíen las oportunidades sociales, de salud, educación, empleo y desarrollo personal.